Los papeles que los Mossos iban a quemar complican el futuro de Trapero y Sànchez

Los documentos recuperados en la incineradora prueban la colaboración de la policía catalana con el procés.

Imagen de archivo del mayor Josep Luís Trapero, exjefe de los Mossos d'Esquadra.
Imagen de archivo del mayor Josep Luís Trapero, exjefe de los Mossos d'Esquadra. 

Los documentos que los Mossos d'Esquadra pretendían quemar en la incineradora de Sant Adriá del Besós (Barcelona) contenían información altamente comprometedora para el cuerpo policial autonómico y agravan la situación judicial de su anterior jefe, Josep Lluís Trapero, y de los exlíderes de las organizaciones soberanistas ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. 

Los papeles refuerzan los indicios que ya existían de la colaboración de la policía de la Generalitat con el independentismo y sacan a la luz una supuesta trama de espionaje.
El 26 de octubre, la víspera de que el Parlament proclamara la independencia de Cataluña, agentes del Cuerpo Nacional de Policía interceptaron una furgoneta y dos turismos camuflados con 36 cajas llenas de papeles que los Mossos pretendían destruir. La Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional en Barcelona tardó un mes y medio en ordenar y analizar la documentación. El pasado 15 de diciembre remitió a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela un informe con las principales conclusiones sobre lo examinado. El dossier, de 400 páginas, forma parte del sumario por sedición contra Trapero, y una parte, la dedicada al Cesicat, el embrión de servicios de inteligencia de la hipotética república catalana, ha sido enviado al Tribunal Superior de Cataluña.
Uno de los capítulos del informe se dedica a los altercados del 20 de septiembre, cuando miles de personas, convocadas por ANC y Òmnium, trataron de impedir los registros de la Guardia Civil en la Consejería de Economía en el marco de la Operación Anubis contra los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. Los papeles de los Mossos recogen las conversaciones que mantuvieron con los líderes de las entidades soberanistas, a quienes los agentes autonómicos reconocen como los dirigentes de la concentración. Para justificar su inacción, pese a que algunos manifestantes destrozaron seis vehículos del instituto armado, los Mossos presentaban en todo momento la movilización por pacífica.

Sin embargo, los documentos de los Mossos relatan que algunos de sus agentes de paisano fueron atacados con lanzamiento de objetos al ser confundidos con guardias civiles, lo que evidencia que no todo fue pacífico en esa concentración. Los Mossos pidieron a Anna Simó, dirigente de ERC y exsecretaria de la Mesa del Parlament, que mediara para permitir un pasillo para que la Guardia Civil pudiera hacer su trabajo, y esta, según los agentes, les contestó que “estaba claro que la masa no permitiría que nadie saliese del edificio”. Además, Cuixart, Sànchez y Xavier Vidal, también dirigente de la ANC, manifestaron a los agentes de la Generalitat “que en ningún momento iban a pedir a la gente nada que significase facilitar el trabajo a la Guardia Civil”, según los papeles de la incineradora.
La Policía Nacional cita seis documentos de los Mossos que señalan que Sànchez y Cuixart fueron invitados a participar en todas las reuniones que los mandos de los Mossos mantenían con los de la Guardia Civil y les pedían su opinión sobre cuestiones operativas. Estos papeles revelan, además, que Teresa Laplana, intendente de los Mossos en el barrio del Eixample, “les trasladó información sensible” en varias ocasiones ese día a los líderes soberanistas, como la llegada de los detenidos, el fin de los registros, o la salida de la Letrada de Administración de Justicia que dirigía el registro por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.
Los Mossos trataron de hacer desaparecer documentación que corrobora su inacción en el referéndum del 1 de octubre y en las jornadas de la campaña para la consulta ilegal. La Policía consiguió salvar 131 impresos que rellenaron en otros tantos colegios de toda Cataluña. La inmensa mayoría revela que ni se impidieron las votaciones, ni se cerró el centro —o se hizo al filo de las ocho de la tarde— ni se pidieron refuerzos a otras unidades para hacerlo. Solo en muy pocos casos, los agentes llegaron a identificar a los miembros de las mesas electorales o de las personas apostadas a la puerta para impedir su actuación.
Durante la campaña del referéndum, también prohibida por los jueces, los Mossos llevaban unas instrucciones para elaborar las actas que se iban a remitir a la fiscalía sobre estos actos públicos. Estas actas señalaban que los agentes acudían a estas movilizaciones con el “objetivo” de “garantizar el normal desarrollo del acto”. Algunos agentes hicieron notar a sus jefes que lo que la fiscalía esperaba de ellos era “precisamente lo contrario”, es decir, que impidieran los actos. De los 31 actos a los que acudieron los Mossos el 18 de septiembre, solo en tres requisaron material.

Entre los papeles salvados del fuego se encuentran al menos cinco comunicaciones de los días 30 de septiembre y 1 de octubre, en los que los responsables de los Mossos reclaman a las patrullas que informe “a través del chat” —vía no reglamentaria— de la presencia y movimientos de policías y guardias civiles. “Parece ser que del barco Piolín están saliendo todas las furgosde CNP y GC”, informaba un tal Xavi Sánchez a sus superiores.
Las actuaciones de los Mossos se enmarcan en “una manifiesta labor de apoyo a la ejecución de la hoja de ruta del secesionismo, controlando para ello a todos aquellos colectivos, personas y sus actividades que se oponían a este”, concluye la Policía.


ESPIONAJE A OPOSITORES Y PERIODISTAS

Tras detallar los documentos recuperados en los que se hace referencia al espionaje ilegal sufrido por parte de los mossos a diferentes personalidades, el informe policial destaca que buena parte de los mismos fueron elaborados por agentes de la Comisaría de Información de la policía catalana. El documento policial destaca que este departamento dependía “directamente” del comisario Manel Castellví y que estaba “bajo las órdenes directas” del entonces máximo responsable del cuerpo, el mayor Josep Lluís Trapero.
El informe señala que las víctimas de estas actividades de espionaje fueron “partidos políticos, activistas políticos, personajes públicos o privados, entidades y plataformas perfectamente constituidas, todos ellos de marcado perfil ‘unionista’ o ‘constitucionalista’ a los que, como todo parece indicar, la Generalitat de Catalunya quería tener perfectamente controlados”. Los policías concluyen que el Governcreó un “auténtico departamento de espionaje ilegal” contra “personajes contrarios al proceso de secesión” a través del Cesicat.

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