La policía detiene a Hervé Falciani en Madrid

Sobre el informático francoitaliano, que filtró una lista de evasores fiscales del banco HSBC de Ginebra en el que trabajaba, pesaba una orden de extradición emitida por Suiza.

Hervé Falciani, con peluca y gafas, en la vista de su extradición a Suiza. J.C. HIDALGO 

Hervé Falciani, el informático francoitaliano que filtró una lista de evasores fiscales en 2008 ligados al banco HSBC de Ginebra en el que trabajaba, fue detenido este miércoles por la Policía Nacional en Madrid. 

“Sobre él pesaba una orden de detención y entrega para su extradición a las autoridades suizas”, según el Ministerio del Interior. La orden se emitió el pasado 19 de marzo y se hizo efectiva este miércoles, “cuando Falciani ha sido localizado” por los agentes del grupo de Fugitivos. Se enfrenta a una condena de cinco años de prisión.

El informático, a quien era relativamente sencillo ver paseando por las calles de Madrid o dando conferencias en la Universidad de Valencia, por ejemplo, se enfrenta a una condena en firme de cinco años desde que el Tribunal Penal Federal suizo le condenara en noviembre de 2015 por las filtraciones de la información privada que destapó los fraudes fiscales y blanqueos de más de 100.000 clientes del banco HSBC. El condenado no acudió al juicio.

De hecho, en el momento de ser arrestado, Falciani se encontraba en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid para participar en una jornada organizada por la Plataforma por la Justicia Fiscal. Las autoridades suizas se han tomado dos años para emitir una orden de extradición contra él.
La detención, de quien fuera la garganta profunda de múltiples investigaciones de fraude fiscal en distintos países europeos, se produce después de que él mismo eligiese España en 2013 como lugar de residencia: "Estados Unidos me avisó: Ve a España, tu vida corre peligro", dijo en una entrevista concedida a EL PAÍS ese mismo año.
Se da la circunstancia de que es en Suiza donde han establecido su residencia tanto la exdiputada de la CUP Anna Gabriel como la dirigente de Esquerra Republicana (ERC), Marta Rovira.
El pasado 24 de marzo el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena reactivó la orden de detención internacional contra Rovira y los otros líderes independentistas catalanes fugados, Carles Puigdemont (ya en prisión tras ser detenido en Alemania), Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig (los tres en Bélgica) y Clara Ponsatí (en Escocia). En Suiza también se encuentra huida la dirigente de la CUP Anna Gabriel, aunque el magistrado sólo pidió su detención en el caso de que volviera a España.
Suiza ya ha mostrado reticencias a entregar a los implicados en el proceso independentista catalán porque sus leyes de extradición impiden la entrega de personas a otros países si son buscados por actos predominantemente políticos. El Gobierno federal de Suiza sostuvo que esa medida no está contemplada en las leyes internacionales y en las del propio país helvético.
En 2013, también la Audiencia Nacional rechazó la extradición de Hervé Falcianipor no darse el principio de doble incriminación, es decir, que los delitos de los que se acusa a Falciani en Suiza no están tipificados como tales en la legislación española.
Suiza acusaba —como ahora— a Falciani de cuatro delitos de su código penal: espionaje financiero, violación del secreto bancario, violación del secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes. Aunque la condena final fue solo por espionaje financiero.
En el caso de que la justicia española aceptara ahora la extradición de Falciani, la última palabra sería del Gobierno. Si la Audiencia Nacional volviese a denegar la entrega, como en 2013, ya no habría forma de extraditarlo.

La primera lista de evasores elaborada con la información del exempleado bancario —internacionalmente conocida como "Lista Falciani"— llegó a España en 2010 y permitió a Hacienda recuperar 260 millones de euros. El repertorio, con 1.500 nombres, sirvió para identificar a 659 presuntos evasores. Un rastreo realizado por EL PAÍS en diferentes juzgados de España permitió identificar a algunos de ellos, aquellos contra los que se apreciaron indicios de delito fiscal, es decir, los casos en los que la cantidad supuestamente defraudada superaba los 120.000 euros.

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