La presión de los jueces obliga a La Moncloa a amparar a Llarena

El Ejecutivo afirma que actuará "en defensa de los intereses de España" en el proceso que afecta al juez.

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el pasado 25 de julio en San Lorenzo del Escorial.

Pedro Sánchez ha querido terminar con la escalada de críticas del mundo judicial—solo se ha mantenido en defensa del Gobierno la asociación progresista de jueces— y la presión de la oposición con el anuncio, en la tarde de este domingo, de que el Ejecutivo ultima la contratación de un bufete de abogados para defender al juez Llarena en Bélgica. 
El magistrado que ha instruido la causa principal contra el Procés está citado a declarar en ese país el 4 de septiembre demandado por el expresidente catalán, y hasta ahora el Gobierno se mantenía en una cierta ambigüedad respecto a su defensa con dos argumentos: que correspondía ampararle en primer lugar al poder judicial, y además, que el Ejecutivo no podía asumir “en ningún caso” la defensa del juez por los actos privados que se le atribuyen, según el último comunicado del Ministerio de Justicia del pasado jueves.

Esa diferenciación entre los actos privados que la demanda de Puigdemont atribuye a Llarena —en realidad, unas declaraciones del juez en una conferencia sobre por qué no se puede hablar de presos políticos en España— y la defensa “de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles” que Justicia sí se comprometía a asumir desapareció en el comunicado difundido este domingo por Presidencia del Gobierno. El texto de La Moncloa ya no habla de actos privados del juez y se limita a dejar claro que el Ejecutivo espera que en un tiempo "breve" culminen los trámites para la contratación de un despacho de abogados en Bélgica "en defensa de los intereses de España", a consecuencia de la demanda presentada por Puigdemont.
La demanda civil contra Llarena, adelantada por El Mundo y a la que también tuvo acceso EL PAÍS, tiene una notable carga política. Pone en duda la imparcialidad del magistrado y contiene afirmaciones tan gruesas como que España está “al lado de Kazajistán entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales".
Fuentes de La Moncloa defendieron que el anuncio de la defensa de Llarena no se trataba de una rectificación, sino que se había hecho necesario clarificar la postura del Ejecutivo ante el revuelo. El comunicado de presidencia remarcaba que los trámites para contratar el bufete se habían iniciado “hace días”. Pero lo cierto es que hasta ahora el Gobierno no había confirmado la defensa del juez y el último comunicado del Ministerio de Justicia manifestaba algunas reservas. El asunto se discutió en la reunión entre Sánchez y su gabinete este sábado en la finca de Quintos de Mora (Toledo), según fuentes conocedoras del debate, y este domingo el presidente tomó la decisión de ir hacia delante.
El PP y Ciudadanos cargaron contra los “bandazos” del Gobierno. “Primero nos insultan por criticar su incompetencia y luego dan marcha atrás y hacen lo que reclamábamos. Inmigración, economía... y ahora Justicia”, criticó el presidente del PP, Pablo Casado. Ciudadanos pedirá la comparecencia de la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, para que explique por qué se iba a dejar “tirado y desamparado” al juez, avisó la líder catalana, Inés Arrimadas.
El asunto había levantado en armas a las asociaciones de jueces y fiscales, que habían acusado al Gobierno de “dejación de funciones”. Los juristas consultados por EL PAIS coinciden con el pronunciamiento de las asociaciones profesionales de que el Gobierno debía comparecer en el proceso. Javier Tajadura, profesor de derecho constitucional de la Universidad del País Vasco, considera que “lo que está en juego es la independencia del poder judicial español”. En ese sentido, evoca el principio de “inmunidad judicial” que rige en el derecho internacional público y que conlleva que un Estado no puede juzgar a otro, sino que ha de ser un tribunal internacional quien lo haga, como sucede con el de Derechos Humanos o el de La Haya.

Xavier Arbós, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona, suscribe la tesis de que “el Estado español ha de defender su jurisdicción y ha de pagar los servicios jurídicos que proporcione la Abogacía del Estado a Llarena”, pero advierte de que la tramitación de la demanda belga habrá de sortear primero algunos problemas procesales antes de acordarse su admisión o no. Arbós considera que el juez Llarena reclamó amparo al Consejo General del Poder Judicial fuera de plazo y que también respondió a la iniciativa judicial más tarde de lo previsto, pese a que tenía conocimiento del texto de manera extraoficial porque se lo hicieron saber los abogados de Carles Puigdemont.

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